La reforma educativa recién aprobada en el Congreso de la Unión ofrece como novedad las palabras calidad e idoneidad. Veamos: al Artículo tercero constitucional se le agregó el siguiente párrafo:
“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos [las cursivas son mías]”.

Al momento de escribir el presente artículo, no cuento con las llamadas “leyes secundarias” que regularán y explicarán cada una de las modificaciones hechas, pero se dice que en ellas se recoge el espíritu específico de la ley; de cualquier modo, si a alguno de nosotros le preguntaran si está de acuerdo con el agregado anterior, difícilmente podría decir que no: ¿quién se opone a que el Estado garantice la calidad en la educación obligatoria o a que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo aprendizaje de los educandos?¡Nadie! No obstante, la norma general tiene el defecto de ser eso: general; y el hecho es que no se aclaran esas dos palabras clave, hace que se presten a diversas interpretaciones; por lo mismo, podrían ayudar a resolver los problemas de fondo, o bien, a que se agudicen los conflictos existentes.



En el caso de la calidad, si a usted, amable lector, le preguntaran si estaría de acuerdo con que se garantizara la calidad en la educación obligatoria, seguramente respondería que sí; no obstante, dado que el concepto calidad es tan general, tan relativo (para saber si algo es de buena calidad, debe ser comparado con algo semejante), se vuelve necesario preguntarnos de qué calidad hablamos, qué tipo de educación debe instrumentarse para garantizar ese incuestionable objetivo.

Respecto a la idoneidad, vemos en el párrafo agregado que ésta recae en los docentes y directivos; pero ¿qué se entiende por idóneo? Según la Real Academia Española, idóneo significa “adecuado y apropiado para algo”. Ahora bien, ¿quién determinará si el docente o el directivo son idóneos, o Opinión no? Para ello se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el cual estará facultado para determinar quién pasa el filtro de la idoneidad. Falta ver si quienes conformen el INEE son los “idóneos”... en fin.

Si bien es cierto que el propósito es garantizar la calidad educativa, hay que reflexionar sobre lo que se necesita para lograrlo, de lo cual no se ha mencionado nada. En la época actual, la computación y la Internet son indispensables; así, suponiendo que se asignara una computadora a cada 10 alumnos, y considerando que en México hay 27 millones de estudiantes en el nivel básico, se requerirían dos millones 700 mil computadoras, con un costo aproximado de seis mil pesos cada una; por tanto, el Estado debería garantizar una inversión de 16 mil 200 millones de pesos sólo para adquirir dichas computadoras.

A lo anterior se suma el rezago en materia de construcción de aulas; si se quiere garantizar la calidad, el Gobierno debería asignar un aula para cada grupo de 25 alumnos y no de 50 en promedio, como sucede actualmente; por ende se requeriría el doble de la infraestructura que hoy tenemos; y nada se dice al respecto de si el Estado podría soportar ese golpe presupuestario.

Asi mismo, si se formaran grupos con un límite de 25 alumnos, como se hace en algunos países europeos, se requeriría el doble de docentes de los que ahora tenemos, claro que esto sería posible si desaparecieran los burócratas y se asignara doble turno a los profesores actuales, cuyo sueldo actual es, aproximadamente, de 3.5 salarios mínimos por día, es decir, 210 pesos, mientras que la canasta básica equivale a más de 800 pesos, lo que exhibe la precaria situación de los maestros, a los que no les alcanza ni para lo indispensable.

Por todo lo anterior, la calidad educativa, en mi opinión, debe ir de la mano del incremento sustancial del ingreso de los maestros, para lo cual debe hacerse, al menos, una inversión del ocho por ciento del producto interno bruto en educación, como se realiza en los países de primer mundo.

En resumen, lo que se requiere para lograr el propósito de calidad e idoneidad es que el Estado invierta en maestros, infraestructura y equipo al mismo tiempo que resuelve problemas de hambre, de empleo bien remunerado, etcétera; pero el párrafo agregado que nos ocupa no garantiza que en la práctica esto se vaya a realizar.

Lo que el secretario de Educación hace, en mi opinión, no es lo más adecuado; lejos de que aclare el monto de las inversiones que se realizarán, ha salido a amenazar en más de una ocasión a los disidentes, en el sentido de que serán dados de baja todos los que no den clases por andar “cerrando carreteras”. El secretario debe considerar las consecuencias que implicaría el cumplimiento de sus amenazas. Además, el derecho de manifestación pública está consagrado en la Constitución, donde no se precisa que las manifestaciones deban hacerse en determinado día o fuera del horario de clases.

Cierto es que también hay una normatividad escolar que obliga al maestro a impartir clases, pero la reglamentación local o específica no puede estar por encima del derecho Constitucional; en fin, no es esto lo que quiero discutir; más bien se pone uno a pensar qué pasaría si realmente despidieran a 20 mil maestros disidentes: ¿de qué vivirían?, ¿qué comerían?, ¿cree el secretario que con esa medida resolvería el problema de la calidad educativa? No sé con exactitud qué está pensando la nueva Secretaría de Educación, pero no me parece que lo más adecuado sea hacer uso de una política rígida para resolver de fondo el problema.

Porque para hablar de calidad educativa deben definirse primero con claridad los estándares a los que se pretende llegar, mismos que hasta ahora no han sido especificados; debemos esperrar a conocer las leyes secundarias, lo cual nos permitirá ver por dónde viene, en realidad, la pichada.

Algunos se han anticipado y han dicho que la reforma pretende, a mediano y largo plazo, correr a los profesores y directivos que no sean idóneos a juicio de la autoridad, lo cual generaría, como vimos, un conflicto social muy grande, pues miles dejarían de tener empleo… la cosa no se ve sencilla.
Brasil Acosta Peña.
Buzos.com