VIII. PADRES DE FAMILIA.

Partiendo de la verdad incuestionable ( pero que frecuentemente se olvida o se soslaya) de que no solo la educa la escuela si no también, y no en escasa medida, la sociedad y la familia, creemos indispensable que los padres de familia tengan una participación legal e institucionalmente reconocida y definida al interior de las escuelas. Es necesario , pensamos, ayudarlo a tomar conciencia de que elevar la calidad de la educación de sus hijos es también su  responsabilidad y que, por tanto, deben preocuparse por todo lo relativo a la existencia y buen funcionamiento de las instituciones en las que tal educación se imparte. Por ejemplo: contribuir a la conservación, embellecimiento y mejoramiento constante de las mismas, no regatearles su apoyo en trabajo material o económico cuando se les demuestre que es necesario , no interferir en las tareas asignadas a sus hijos como parte integrante de su formación, no escatimar su tiempo cuando sean convocados a reuniones para discutir aspectos importantes de la problemática educativa y escolar en general, siempre bajo el supuesto de que con ello contribuyen a la mejor educación de sus hijos. Como medidas concretas, en este terreno proponemos:



 

a) Que se actualice, bajo los criterios arriba mencionados, la normatividad que rige la relación escuela – padres de familia, buscando seriamente crear mecanismos que permitan hacer realidad e intensificar la participación  de la familia del educando en la tarea de mejorar la calidad educativa. De modo destacado, consideramos indispensable garantizar el derecho de los padres de familia a discutir y formular proposiciones, sin ninguna restricción, que tiendan a lograr la correcta educación de sus hijos, así como hacer observaciones críticas sobre el funcionamiento de los establecimientos educativos correspondientes.

b) Que todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con talleres para los padres de familia en los cuales se impartan, por profesionales bien capacitados, orientación teórica y práctica sobre como contribuir de manera correcta y eficaz en la formación integral de sus hijos y también en la discusión y solución de los problemas de su propia comunidad.

c) Que se legalice y se le dé pleno reconocimiento oficial a la organización de los padres de familia de cada institución y, por tanto, a su capacidad legal de gestión ante las distintas instancias gubernamentales que tengan que ver con la situación material, académica y funcionamiento administrativo de los planteles educativos. Esto resulta hoy tanto mas importante cuanto que hay la evidencia de que, usando como pretexto las dificultades económicas del país ( que van en aumento alentadas por la crisis mundial), los distintos niveles de gobierno han encontrado la cómoda pero totalmente injusta e impracticable “solución” de descarga lo fundamental del peso de los costos de la educación nacional, pero particularmente de la educación básica, sobre los ya de por si agobiados hombros de los padres de familia, sin haber distinción alguna basada en los niveles de ingreso o en la tasa de desempleo que cree día a día. Se vuelve prioritario, en estas condiciones, abrir espacio a las fuerzas sociales legítimamente interesadas en el proceso educativo, para que hagan cumplir lo estipulado en el Artículo Tercero constitucional, esto es, que es obligación del Estado (y no de los padres de familia) garantizar, sin distingos de ningún tipo, una educación básica gratuita, laica y obligatoria para todos los jóvenes en edad escolar. Es ilegal, por tanto, además de socialmente injusto para muchos, el intento de descargar la responsabilidad propia sobre espaldas ajenas.