El sindicalismo, esto es, la organización de los trabajadores en forma de sindicato para la defensa efectiva de sus intereses gremiales, no es el invento personal de nadie; es el fruto natural e inevitable de la lucha que los trabajadores asalariados, en aquellos países donde más tempranamente se constituyeron en la clase productiva fundamental, se vieron obligados a librar, desde el primer momento, en contra de los abusos, y de las injusticias que, por razón de la naturaleza inmanente de la economía de mercado que vive por y para la obtención de la máxima ganancia , siempre cometen los dueños del capital. Antes de que aparecieran el sindicalismo en la forma moderna en que hoy lo conocemos y, sobre todo, antes de que los trabajadores del mundo conquistaran el derecho legal a sindicalizarse, tuvieron que ocurrir muchos intentos fallidos de organización (cooperativas, mutualidades, cofradías al amparo de un santo patrono, etc.) y tuvo que correr mucha sangre obrera que la historia oficial del sindicalismo esconde cuidadosamente. Hubieron de concurrir muchas circunstancias históricas favorables (algunas conscientes perseguidas por la mimas lucha obrera, otras seguidas espontáneamente del desarrollo natural del capitalismo) para que, al cabo de muchos años de muchos sacrificios, los trabajadores conquistaran su derecho a organizarse y a defenderse de la voracidad de sus empleadores. Es de aquí, de las causas y de la manera en que surge, de donde le vienen al sindicato su carácter idóneo, el ser indiscutiblemente la forma más eficaz y mejor adaptada a la defensa de los interese gremiales del obrero creada hasta hoy.

 

El sindicato es, entonces, la mejor herramienta de lucha legítima de que dispone el trabajador asalariado para defender sus intereses y para contrabalancear el tremendo poder económico y político de la clase patronal que lo emplea. Sin embargo, por el propio papel subordinado que desempeñan en la economía, cualquier victoria de los trabajadores nunca será completa ni duradera mientras exista una sociedad gobernada por una clase dominante, pues esta, precisamente por el poder económico y político que detenta, siempre encontrara una manera efectiva de anular los avances de sus trabajadores. Esa es la razón de por qué, no bien nació y se consolido el sindicalismo, los patrones idearon y pusieron en práctica toda una batería de artilugios  y trampas para anular los aspectos positivos, para reducirlos a la impotencia y, finalmente, para convertirlo de arma de los trabajadores en un instrumento más de su control y mando sobre los asalariados. Dos recursos han resultado particularmente efectivos para el control de los sindicatos: primero, una legislación laboral que es más bien una difícil carrera de obstáculos que el trabajador tiene que vencer, si quiere culminar con éxito la constitución y el registro legal de un sindicato; segundo, la compra y corrupción de los líderes sindicales mediante la acción combinada de los patrones y del gobierno. Los primeros sobornan a los líderes con dinero efectivo; con preventas y obsequios que incluyen, a veces, una vivienda nada despreciable para quien vive con un raquítico salario; con promociones dentro de la jerarquía obrera de la fábrica, con comilonas, parrandas, sexo, con “recomendaciones” y dinero cuando el líder decide lanzarse a la lucha política por algún cargo de elección popular y varias cosas asa. El gobierno, por su parte, le paga al líder su traición a los intereses de sus compañeros con el reconocimiento oficial a su liderazgo; con el monopolio de la representación sindical ( con total exclusión de sus competidores) para gestionar, discutir y resolver los problemas de sus agremiados; con la convalidación legal de reglamentos internos, estatutos y documentos similares que otorgan todo tipo de facultades, derechos y funciones exclusivas a los dirigentes, y casi ninguno realmente útil y decisivo a la base trabajadora la cual queda así, totalmente sometida a la directiva sindical y sin ninguna posibilidad real inapelable las nuevas solicitudes de empleo, facultad que les permite reforzar el número de sus incondicionales entre la base trabajadora; otorgándoles plena autoridad para despedir a cualquiera que muestre el menor síntoma de rebeldía o de inconformidad. Por si todo esto fuera poco, el gobierno hace uso generoso de sus poder para hacer cualquier líder sindical un diputado, un senador de la Republica y hasta un Gobernador, y refuerza el lazo que ata al carro de sus intereses a la camarillas sindicales, permitiéndoles disponer a su antojo, como si fuera si patrimonio personal, de las cuotas de sus agremiados que, en muchos casos, constituyen una verdadera fortuna.
Así se financian, por ejemplo, las campañas de los líderes sindicales metidos a políticos. En honor a la verdad y de acuerdo con todo lo dicho, debe reconocerse que, sin la protección oficial y sin la total aprobación de los patrones, resulta prácticamente imposible ejercer el liderazgo de un sindicato importante y dar a los trabajadores algunos buenos resultados, por muy modestos que sean.

En los hechos, pues, el sindicalismo ha sufrido una subversión total: ha pasado de herramienta de lucha y progreso de los trabajadores a instrumento dócil y servil de los intereses  de los patrones y el gobierno, que lo manejan con seguridad y destreza mediante la compra y corrupción de líderes sindicales que , gracias a este contubernio, se convierten en hombres y mujeres poderosos económica y políticamente hablando, y que se eternizan al frente de sus gremios , aun en contra de la voluntad de su representados, gracias precisamente al apoyo que reciben de los patrones y el Estado. Las tres poderosas fuerzas que lo controlan y someten (patrones, “charros” y gobierno) han hecho de la base trabajadora una masa sumisa y obediente, conformista, medrosa, y resignada a los salarios hambre que percibe y alas deplorables condiciones de bienestar personal y familiar en que vive la mayoría. A pesar de que sus salarios están entre los más bajos del mundo; de que, además, ese salario pierde poder adquisitivo casi cada día del año por las altas tasas de inflación y la consecuente carestía galopante  de los productos de primera necesidad; del tremendo desempleo que lo deja sin oportunidad de ganarse el pan mediante un trabajo digno; de las reformas reaccionarias en materia de pensiones, de salud, de vivienda y de educación para sus hijos que lo castigan más todavía, el obrero mexicano permaneces sumiso, aguanta a pie de firme el hambre y la pobreza , soporta a los charros que engordan a su costa y rehuye la lucha por mejoras ante el temor de perder su mísero empleo. Piensa que cualquier cosa es preferible a verse en la calle, cosa que (y este es el error que comete al pensar así) de todos modos ocurre tarde o temprano. A este grado de postración, de indiferencia y de resignación lo ha llevado casi un siglo de sindicalismo espurio, tutelado desde las altas esferas del poder político y económico.
A los maestros mexicanos no hay que explicarles nada de estos; lo conocen y lo viven en carne propia puesto que es lo mismo que ocurre hoy con lo que fue “su sindicato”. Hace mucho que el  SNTE, como lo sabe y lo dice todo mundo, ha dejado de representar y de defender seriamente los intereses del magisterio para convertirse en fuente de poder político y de riqueza material para la cúpula sindical que lo tienen secuestrado, y en un puntal, en un apoyo decisivo e imprescindible para la estabilidad del sistema político mexicano y para la permanencia en el poder del grupo que lo ejerce cualquiera que este sea, tal como se ha podido comprobar sin ninguna duda en los últimos años. Por eso mismo, tampoco resulta necesario esforzarse mucho para demostrar que a la cúpula sindical del SNTE, modelo de irresponsabilidad frente a sus representados y de un enriquecimiento ilícito que va más allá de lo que aconsejaría una prudencia elemental, lo que menos le interesa y preocupa, si hemos de hablar con la verdad, es la calidad de la educación que imparte el Estado. Es secreto a voces que una de las causas decisivas para explicar la baja calidad educativa que padecemos es, precisamente, la desmesurada e ilegal injerencia del charrísio sindical que gobierna el SNTE en la política educativa del país; su gran poder de decisión en las cuestiones más importantes que se le plantean a la tarea educativa, por ejemplo, en la designación de funcionarios clave del aparato administrativo, que se adjudican a recomendados de la camarilla sindical sin importar si cubren o no el perfil profesional requerido o si son una lacra que solo puede acarrear daño y corrupción para los intereses educativos del país. Es de elemental objetividad subrayar que de semejante males no es responsable solo la cúpula sindical, también tiene responsabilidad, y mucha, el propio gobierno que, con su beneplácito o con si anuencia pasiva, paga el apoyo político que recibe de quienes controlan las decisiones dentro del sindicato. Teniendo en cuenta esta preocupante y muy difícil realidad, nosotros proponemos:

a) Una legislación moderna que recoja, en su letra y en su espíritu, las metas y los propósitos de la reforma educativa de que venimos hablando y , en consecuencia, que fije de acuerdo ellos, de manera muy puntual y precisa, los derechos y las obligaciones de los trabajadores de la educación.

b) La delimitación rigurosa , pero justa, de las áreas de responsabilidad, de influencia y de toma de decisiones de la representación sindical, de una parte, y de las autoridades administrativas de la SEP, de otra, con el propósito de desterrar de una vez por todas el clientelismo, el amiguismo y los compadrazgos de los que hoy hace uso a discreción la cúpula sindical, a la hora de decidir las designaciones de funcionarios a todos los niveles de la estructura, las colocaciones, las promociones, los premios y castigos a los elementos de base, que son la clave de su control corporativo y clientelar. Tal rigurosa separación resulta indispensable, también para que la docencia se ejerza, en tiempo y forma, atendiendo solo a las verdaderas necesidades educativas y del país.

c) Poner freno legal a la “alianza” entre gobierno y sindicato, establecido sanciones rigurosas para las transgresiones que puedan darse en la práctica, ya sea durante los procesos electorales o en cualquier otro momento en que tal “alianza” pueda estar en el interés de alguna de las partes. Una legislación precisa y fácil de aplicar en cada caso, puede resultar muy positiva para poner un alto definitivo a la intromisión del sindicato en cuestiones de naturaleza no gremial, indebidamente consentida por la SEP y que tanto daño ha hecho a la calidad educativa.

d) Suprimir la cláusula contractual que “reconoce”  al SNTE como el único titular legítimo de las relaciones laborales entre los trabajadores  de la educación y el Estado. Tal exclusividad viola flagrantemente la libertad de sindicalización, perfectamente definida en el Artículo 123 constitucional. Esto provocara, casi automáticamente, que la base sindical se decida a ejercer a plenitud su derecho a escoger entre más de una opción sindical, lo que le permitirá asociarse con aquella que mejor represente y defienda sus intereses laborales legítimos. Naturalmente que esta libertad irrestricta de asociación no tiene por qué ir en menoscabo de su derecho a acudir a la unidad nacional cada vez que lo juzgue conveniente o necesario.

e) Que la legislación propuesta  contemple, de manera puntual y rigurosa, la obligación ineludible de la diligencia sindical de informar con toda exactitud y detalle el manejo de las cuotas sindicales, así como de cualquier otro recurso que por alguna vía legal haya entrado a las arcas del sindicato. Resulta indispensable, dadas las experiencias que se tienen al respecto, que se estipule con toda precisión fecha, lugar y mecanismo para cumplir con el informe respectivo, así como será causa de remoción automática de la mesa directiva la omisión o elusión, con el pretexto que sea, del deber de rendición de cuentas a los verdaderos dueños de los recursos, que son los propios trabajadores. Deberá quedar igualmente claro y preciso el derecho inapelable de la base remover a sus líderes si, al conocer el informe respectivo, resulta claro que se ha faltado a las normas elementales de honradez, probidad y rectitud en el manejo de los fondos. También deberán puntualizarse los mecanismos y los requisitos que habrán de cumplirse para que tal remoción, y la elección de la nueva directiva, sea legalmente válidos.